Minería informal: la herida abierta del Perú

La minería ha sido uno de los pilares de la economía peruana durante décadas. Sin embargo, una parte importante de esta actividad se desarrolla fuera del marco legal. Se estima que entre el 22 % y el 28 % del oro producido en el país proviene de la minería informal e ilegal. Esta situación no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también genera graves consecuencias ambientales y sociales. 

La minería no formal y las economías criminales en el Perú | Fuente: Otramirada

Para que nuestra economía avance y se sostenga en el tiempo, es imprescindible adoptar medidas concretas que no solo la fortalezcan, sino que también funcionen como un colchón frente a posibles riesgos. En este escenario, anticiparse es una decisión clave para preservar la estabilidad.

En primer lugar, la inversión pública debe fortalecerse de manera eficiente y con calidad. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2024 se destinaron S/ 57,742 millones, principalmente en infraestructura vial, salud y educación, pero muchas regiones aún enfrentan limitaciones técnicas. Esta inversión es clave porque genera empleo, reduce brechas y atrae capital privado, siempre que se ejecute con enfoque estratégico.

En segundo lugar, enfrentar la informalidad sigue siendo un tema urgente. Más del 70 % de la PEA trabaja sin acceso a derechos ni servicios básicos, y dentro de este amplio universo informal, la minería es uno de los más críticos y menos atendidos.

El problema de fondo no es solo técnico o legal, sino estructural. Miles de personas recurren a esta actividad por falta de oportunidades laborales, mientras que la dispersión geográfica, la falta de capacidad estatal y los procesos burocráticos dificultan cualquier intento real de formalización. La minería informal no es una actividad marginal; es el reflejo de un Estado ausente en zonas rurales y amazónicas.

Además, sus consecuencias no se limitan a la evasión de impuestos. Las regiones como Madre de Dios han sido testigos de una deforestación descontrolada, contaminación con mercurio y destrucción de ecosistemas frágiles. Esta contaminación se traslada incluso a poblaciones que no participan en la actividad minera, afectando su salud, seguridad y posibilidades de desarrollo.

Madre de Dios: Pueblos indígenas monitorean sus territorios ante el avance de la deforestación por minería | Fuente: Vigilante Amazónico

La formalización minera, si bien ha sido promovida en teoría desde hace más de una década, sigue siendo un proceso lento, costoso y poco accesible. Muchos mineros que quieren entrar en la legalidad se ven atrapados en trámites interminables, falta de asesoría y escasa coordinación entre niveles de gobierno. Si el país quiere avanzar, es fundamental que el Estado simplifique estos procesos, acompañe a los mineros en la transición y articule soluciones productivas que permitan una diversificación económica real en las regiones.

El Perú debe diversificar su matriz productiva sin descuidar el peso actual de la minería formal. En 2024, las exportaciones crecieron 15.6 %, y más del 60 % provino de este sector, según datos del Ministerio de Energía y Minas. La minería es clave para generar empleo, atraer inversión y sostener ingresos fiscales. Pero a la vez, se necesita reducir la dependencia de los recursos primarios. El megapuerto de Chancay, por ejemplo, representa una oportunidad para impulsar sectores como la agroindustria, la manufactura avanzada o la economía digital. Para aprovecharlo, el país debe apostar por políticas de innovación, formación técnica y apertura comercial inteligente.

El contexto actual exige más que buenas cifras. Si el Perú no enfrenta con decisión la informalidad minera, continuará perdiendo recursos, afectando su biodiversidad y consolidando economías al margen de la ley. Formalizar no es criminalizar: es incluir, proteger y apostar por un desarrollo sostenible. El reto está sobre la mesa. Lo que falta es voluntad política para enfrentarlo con una mirada de país y no solo con respuestas de emergencia.