Mineros informales bloquean nueve carreteras en protesta por cierre del Reinfo
- Karol Surco
- 21 jul 2025
- 3 min de lectura
Más de 50,000 mineros informales excluidos del proceso de formalización bloquearon hasta nueve carreteras nacionales durante once días en julio de 2025, paralizando el transporte y generando pérdidas económicas superiores a los 280 millones de soles diarios. Este no fue un estallido espontáneo, sino la culminación de años de políticas públicas fallidas.
El 4 de julio de 2025, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) inició un paro indefinido que rápidamente escaló a dimensiones nacionales. Los mineros no sólo bloquearon carreteras; tomaron posiciones estratégicas en la Panamericana Sur, la Longitudinal de la Costa, y rutas críticas en Arequipa, Ica, La Libertad, Cusco y Lambayeque.
La magnitud del conflicto se hizo evidente en las cifras: más de 1,000 unidades de transporte de carga quedaron paralizadas, se formaron colas de hasta 25 kilómetros de vehículos varados, y empresas de transporte suspendieron ventas de pasajes hacia el sur del país. En Pataz, La Libertad, las pérdidas alcanzaron los 10 millones de soles en solo dos días de bloqueo.
El Impacto Económico
Los números del impacto económico son devastadores. El Banco Central de Reserva estimó que los bloqueos redujeron en 0.2% el crecimiento del PBI de julio, mientras que la Cámara de Comercio de Lima calculó pérdidas de 622 millones de soles diarios en las cuatro regiones más afectadas, que representan el 20% del PBI nacional.
El sector agroexportador sufrió pérdidas particularmente severas. Entre enero y mayo de 2025, las regiones bloqueadas habían acumulado exportaciones por 178 millones de dólares en arándanos, 167 millones en uvas y 232 millones en palta. Toneladas de productos perecederos se perdieron por las altas temperaturas, y el precio del gas licuado llegó a duplicarse.
Las Demandas
Los mineros plantean tres demandas centrales: anular el Decreto Supremo 012-2025, paralizar las operaciones de interdicción, y aprobar una nueva Ley MAPE favorable. Existe una dimensión legítima, miles de familias dependen de esta actividad, pero mantener el REINFO equivaldría a perpetuar un "escudo de impunidad" para actividades ilícitas.
La Respuesta del Estado
Después de once días de bloqueos, el gobierno de Dina Boluarte logró una tregua el 11 de julio, cuando CONFEMIN suspendió las protestas por 24 horas para iniciar una mesa de diálogo. Esta negociación, mediada por parlamentarios y el Defensor del Pueblo, estableció una agenda de trabajo de 60 días con sesiones semanales.
El gobierno planteó tres ejes de trabajo: dar continuidad al proceso de formalización para 31,560 mineros con inscripción vigente, implementar derechos laborales para trabajadores mineros, y elaborar conjuntamente una nueva Ley MAPE. Sin embargo, los mineros insistieron en su demanda de revertir la exclusión de los 50,000 mineros, pedido que el ministro Jorge Montero ya había descartado.
Soluciones: Un Enfoque Integral
Entre la Oportunidad y el Riesgo
Este conflicto representa tanto una oportunidad para construir un nuevo marco institucional que permita la formalización efectiva, como el riesgo de que la persistencia de políticas erráticas perpetúe un ciclo de conflictividad destructiva.
La reconfiguración de la matriz de conflictividad minera exige una respuesta integral que trascienda los enfoques tradicionales. Solo mediante el diálogo técnico, la diferenciación entre minería artesanal legítima e ilegal, y la construcción de alternativas productivas viables, será posible transformar este conflicto en una oportunidad para el desarrollo sostenible del país.
El conflicto de julio de 2025 ha servido como un espejo que refleja las contradicciones del modelo de desarrollo peruano. La pregunta es si el país sabrá aprovechar esta crisis como una oportunidad para construir un futuro más justo y sostenible.
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